domingo, 28 de octubre de 2018

LA IMPRESCINDIBLE PUESTA AL DIA DE LA JUDICATURA ESPAÑOLA


 
Aunque en artículos anteriores, quizás solo de pasada, he insinuado mi opinión sobre el estamento judicial en España, por todo lo que está sucediendo estos últimos tiempos relacionado con el tema; creo llegada la hora que claramente y de forma urgente, el Gobierno del Estado y el Parlamento, en su calidad de puntales de la democracia como el es el poder legislativo y el poder ejecutivo, tomen cartas en el asunto y proceden a una profunda reforma de nuestro sistema judicial en un sentido más democrático y que le dote de transparencia y de una más alta efectividad.

No puede suceder en un país que se llame democrático, el Poder Judicial esté bajo sospecha de connivencia con ciertos partidos políticos de determinada ideología. No puede ser que algunos miembros de la judicatura insinúen cierta simpatía por el régimen franquista, No es de recibo que sin explicación ninguna, se ponga en libertad a determinados condenados por gravísimos delitos, como es el caso de la “Manada”, o del corrupto Félix Millet, cerebro del saqueo del Palau de la Música, tres días después de haber sido condenado. Tampoco tiene lógica democrática ninguna, que se niegue protección a determinadas denunciantes de maltrato conyugal, hasta el punto que los asesinatos por violencia doméstica hayan devenido una plaga en nuestro país.

Estos últimos días los ciudadanos hemos visto asombrados, como la Sala tercera del tribunal supremo, después de emitir una sentencia favorable a los deudores por hipotecas sobre la titularidad del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, que a partir de ahora en lugar de pagarlo el cliente como era habitual, lo debe pagar el banco. A los dos días, y en función de una bajada importante de la cotización en bolsa de las entidades bancarias del país, el máximo tribunal decide suspender su propia sentencia y dar un plazo hasta el 5 de noviembre donde el pleno de la misma sala tercera va a decidir si tira adelante o revoca definitivamente su sentencia.

Todos en este país, estamos más que convencidos que los súper-poderosos dirigentes de la banca, influyeron de una u otra forma en esta extraña decisión y aunque el presidente del Magno Tribunal, Don Carlos Lesmes, compareciera ante los medios y en una más que lamentable intervención, negara esta influencia, nadie en su sano juicio lo duda lo más mínimo.

Creo que esto es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los ciudadanos españoles de bien, que ya empezamos a estar hartos que nuestro sistema judicial sea el hazmerreír de Europa y que el tema de las connivencias con ciertas ideologías políticas, está pasando de una simple sospecha a una certeza absoluta. A ello también ha contribuido el enfoque dado al tema del independentismo catalán y el empeño en mantener una acusación por rebelión que será muy difícil de sostener según opinión de casi todos los juristas de este país y de fuera, con una visión profesional del tema, y el propio presidente del Gobierno  Pedro Sánchez, dentro del máximo respeto a la decisión judicial ha opinado que quizás sería mejor procesarlos bajo otra acusación.

Observen Vds. que los únicos que defienden mantener la acusación de rebelión hasta sus últimas consecuencias, son el Partido Popular y Ciudadanos, los primeros a mi entender, para tapar su incompetencia en la resolución de este conflicto cuando estuvieron en el poder, cuando además de negarse a todo tipo de dialogo, fueron incapaces de evitar que se produjera un referéndum, no localizando previamente las urnas, no siendo capaces de bloquear por completo el sistema informático, y utilizando el aporreamiento de los ciudadanos, dando una pésima imagen en toda la Europa democrática. El PP en particular ya ha demostrado en muchísimas ocasiones, desde el gobierno y desde la oposición, que le importa un bledo hacer el ridículo delante de nuestros socios Europeos, que sus preocupaciones van solo a conseguir y mantenerse en el poder, (o mejor decir: alcanzarlo de nuevo), a costa de lo que sea, y que el bien de sus ciudadanos y el prestigio del estado, le importa menos que nada; y los segundos por el simple hecho que buscan captar más votos del sector más a la ultraderecha de nuestro país.

Soy consciente que Pedro Sánchez no cuenta con grandes mayorías parlamentarias, para emprender reformas de gran calado en las estructuras del estado como la que yo estoy proponiendo, pero el tiempo se nos echa encima y si bien en esta legislatura que en un principio se pretende agotar hasta el 2020, va a ser extraordinariamente difícil, si debería convocar un comité de expertos que empezaran a trabajar con la discreción necesaria en un nuevo proyecto para que al iniciar la próxima se pueda emprender la reforma en el mínimo plazo posible, tal y como se hizo en 1982 con Felipe González de Presidente del Gobierno y Narcis Serra como ministro de defensa, con el estamento militar, cuando de un plumazo, se jubiló a todos los mandos que hubieran participado en la Guerra Civil y se substituyeron por otros jóvenes de mentalidad democrática, y pasamos casi de un día para otro, de tener un ejército golpista, a otro completamente democrático capaz de ser admitido en organizaciones internacionales como la OTAN.

Claro que alguno quizás me dirá que para cambiar al ejercito, tuvimos que soportar un 23 de Febrero, pero amigos piénselo un poco, y díganme si lo que está pasando hoy día en la judicatura y lo que he expuesto en este artículo nos es el equivalente a un 23F del estamento judicial.  

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