EL PODER JUDICIAL MONOPOLIO DE LA DERECHA

He dicho en numerosas ocasiones que tengo la percepción que el único estamento, que desde el inicio del período democrático, nunca ha sido democratizado, es el estamento judicial; y he insinuado también en diversos escritos que parece que ello es fruto de una especie de pacto no escrito entre el franquismo y el PSOE de los orígenes de la democracia, por el que se cedía al conservadurismo una mayoría perpetua en las instituciones de gobierno del tercer pilar del estado de derecho.

 

Baso mis sospechas en el hecho indiscutible que el PSOE liderado por Felipe Gonzalez que ostentó el gobierno del estado en un período de trece años, la mayoría de ellos con amplias mayorías absolutas, durante los que fue capaz de girar como una media una institución como la del ejército, quitándole de un plumazo las tendencias golpistas y convirtiéndole en una institución emulable a la de los países democráticos de nuestro entorno inmediato, además de facilitarle la entrada en organismos internacionales como la OTAN. Sin embargo se abstuvieron de la más mínima intervención en el estamento judicial, donde los magistrados que fueron del TOP, se jubilaron con todos los honores en cuanto les toco el turno en los altos puestos de dirección del Consejo General o del Tribunal Supremo. Sus sucesores siempre fueron escogidos mayoritariamente entre los miembros de la asociaciones de Magistrados de la tendencia más conservadora posible. Ni Felipe González, ni tan siquiera Santiago Carrillo, se les oyó nunca plantear un cambio en el statu quo  del poder Judicial en la España democrática, cuestión que  me confirma la existencia de este pacto no escrito, quizás la base para permitir la transición pacífica a la democracia en nuestro país.

 

Hay que decir sin embargo, que en los primeros momentos, el estamento judicial se “comportó” y salvo alguna rara excepción sus decisiones no fueron en general polémicas, si no que simularon adaptarse a la nueva situación democrática, con total naturalidad. Una de estas excepciones fuerón los casos Filesa y Naseiro, que afectaban a la financiación supuestamente ilegal del PSOE y el Partido Popular por los que algunos dirigentes socialistas fueron encarcelados y el caso del Partido Popular se decretó prescrito. Todo cambió en cuanto Jose Maria Aznar alcanzó la presidencia del gobierno durante 8 años, cuatro de los cuales con mayoría absoluta. A partir de aquel momento resurgieron en el  estamento judicial como de improviso, las más puras esencias franquistas, y las sentencias emitidas sobre los casos de violencia de genero, o de agresiones sexuales empezaron a ser polémicas y de tendencia claramente franquista. Los primeros casos de corrupción en el estamento político por parte de la derecha gobernante empezaron a ser obviados y tan solo en aquellos casos flagrantes casi imposibles de ocultar, llegaban a los tribunales.

 

Hoy las sospechas de connivencia del estamento judicial con el Partido Popular ya nadie las duda, sobre todo después que hayamos visto como se dicta sentencia absolutoria a los implicados en el caso Bankia, una de las mayores estafas que se han hecho en este país, o las larguísimas instrucciones de los casos de corrupción que afectan al partido de la derecha española por excelencia; así como tampoco se duda de la mentalidad franquista de muchos de los magistrados, cuando dictan sentencias casi absolutorias a los violadores en grupo como fue el caso de la manada u otras donde se culpabiliza a la víctima y se exonera al agresor en casos de violencia doméstica.

 

Dada esta situación y ante la negativa del Partido Popular a facilitar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, caducado por más de dos años, con el fin que no varíe la actual mayoría netamente conservadora de sus miembros, ante la avalancha de procesos que se les vienen encima y la nula disposición que se intuye del actual Presidente del Gobierno de mantener la correlación de fuerzas existente, si no su voluntad firme de buscar una solución que garantice de una vez por todas la neutralidad de este tercer poder del estado de derecho; creo llegado el momento de  tirar por camino del medio, si el PP sigue en su posición de bloqueo, después del ofrecimiento que le hizo Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura. Seguro que en la UE no solo lo entenderían si no que darán su apoyo incondicional al gobierno que preside Pedro Sánchez, en esta cuestión, Pablo Casado se encuentra en una difícil tesitura, pues de no atender la proposición de Pedro Sánchez, perdería toda su credibilidad ante el electorado español y las altas instancias de la UE, y el propio Partido Popular Europeo.

 

En España estamos en un momento en que debemos defender la democracia, no solo de la amenaza del fascismo moderno, si no de la corrupción de la que existen graves sospechas el poder judicial ha convenido con ella en estos últimos tiempos y ello pasa indefectiblemente por cambios de mucho calado en el tercer poder de nuestro estado de derecho..