En 1934, con un gobierno de derechas en la II Republica Española; El Tribunal de Garantías Constitucionales; a instancias, de los terratenientes catalanes, agrupados entorno a la Lliga Regionalista que comandaba Francesc Cambó, (hoy vendría a ser, UDC de Josep Antoni Duran i Lleida), con el apoyo, incondicional de la CEDA, (el equivalente al PP de hoy día), emitió sentencia declarando inconstitucional una Ley de Contratos de Cultivos, aprobada por una gran mayoría en el Parlamento autónomo catalán.
Esta ley venia a efectuar una especie de reforma agraria, substituyendo una practica ancestral, denominada de ”la rabassa morta”, por la que se regulaban las relaciones entre los propietarios de las tierras i los campesinos cultivadores de la vid, un arrendamiento que se acababa en cuanto morían los dos tercios de las primeras cepas plantadas, hecho que sucedía normalmente al cabo de unos cuarenta años. La plaga de la filoxera a finales del siglo XIX, con la muerte prematura de las vides, y la decisión de los propietarios de dedicar las tierras a otro tipo de cultivo, llevó a los campesinos a una situación de injusticia y precariedad, a la que esta nueva ley ponía término regulando unas indemnizaciones para los propietarios, mediante el pago de las cuales los campesinos accedían a la propiedad de las tierras por ellos trabajadas.
La decisión del alto Tribunal, celebrada con júbilo, no solamente por los propietarios de tierras catalanes, si no por los grandes terratenientes de toda España, por aquello de las barbas del vecino; fue vista por el pueblo catalán como un gravísimo ataque del nacionalismo españolista a la autonomía que disfrutaba, después de haberla negociado y obtenido en 1932, con la aprobación del primer parlamento de la II República; en el que la izquierda era mayoría. Las relaciones entre el gobierno central y el autonómico, fueron deteriorándose día a día, hasta que el seis de octubre de aquel mismo año, cuando Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, desde el balcón del Palacio de la Plaça de Sant Jaume, proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española; desencadenando una insurrección que fue sofocada el mismo día por el ejercito comandado por el General Batet y la suspensión de la autonomía catalana, con el encarcelamiento de todos los miembros del gobierno; autonomía que no se volvería a reestablecer hasta dos años más tarde; cuando las izquierdas recuperaron el poder en el parlamento español.
Se impuso entonces por la fuerza de las armas, la voluntad del españolismo más rancio, y con ello una especie de vuelta atrás en todo aquello que la ilusión de todo un pueblo con ganas enormes de modernizarse y avanzar como lo hacían sus homólogos europeos, por las sendas del progreso y la justicia social.
En estos días, una nueva e importante ley, aprobada por el Parlamento autónomo de Cataluña y por las Cortes, además de refrendada por una mayoría del pueblo catalán; después que fuera sancionada por las respectivas comisiones de constitucionalidad de estas cámaras, está a punto de ser declarada inconstitucional; por un tribunal, al que le faltan dos miembros, uno por fallecimiento y otro por recusación, con otros en situación digamos irregular consentida; por no haber sido renovados cuando su mandato lleva más de tres años caducado. Un tribunal que para colmo, durante cuatro largos años viene deliberando, este asunto, sin haber sido capaz de emitir sentencia alguna, después de cinco intentos y un no parar de filtraciones mal intencionadas y que ahora, con un cambio de ponente, nos llega la noticia que este señor ha puesto sobre la mesa, no una si no tres sentencias distintas, para que el plenario escoja como si de un mercadillo se tratara.
Nadie con dos dedos de frente en Cataluña, puede estar de acuerdo con la sentencia que emita este tribunal, y si bien se mira tampoco en el resto de España, pues si bien sigue gozando de legitimidad jurídica, nadia lo pone en duda, no tiene ni pizca de credibilidad moral. La sentencia que emita, sea en el sentido que sea, sin proceder previamente a su renovación, no va a conseguir otra cosa que dar alas, a los enemigos del estado de las autonomías de uno y otro lado, la derecha del españolismo rancio, que en 1936 no dudó en enfrentar a unos españoles contra otros a fin de asumir el poder; o aquella minoría de los que quieren ir más allá y optar por vías independentistas de dudoso éxito. Por otro lado una sentencia adversa a la constitucionalidad del Estatut, solo puede llevar a la conclusión que las comisiones de constitucionalidad de las Cortes Españolas y el Consell Consultiu del Parlamento de Cataluña, no sirven absolutamente para nada; pues al fin y al cabo, seis señores de ideología ultra conservadora, son los que van a decidir las leyes fundamentales, por encima incluso de la voluntad popular expresada en las urnas.
Por favor señores del gobierno y de la oposición, demuestren su sentido de la responsabilidad no permitiendo por más la degradación del prestigio del alto Tribunal; no nos repitan una historia que la vez anterior acabó muy mal.
Esta ley venia a efectuar una especie de reforma agraria, substituyendo una practica ancestral, denominada de ”la rabassa morta”, por la que se regulaban las relaciones entre los propietarios de las tierras i los campesinos cultivadores de la vid, un arrendamiento que se acababa en cuanto morían los dos tercios de las primeras cepas plantadas, hecho que sucedía normalmente al cabo de unos cuarenta años. La plaga de la filoxera a finales del siglo XIX, con la muerte prematura de las vides, y la decisión de los propietarios de dedicar las tierras a otro tipo de cultivo, llevó a los campesinos a una situación de injusticia y precariedad, a la que esta nueva ley ponía término regulando unas indemnizaciones para los propietarios, mediante el pago de las cuales los campesinos accedían a la propiedad de las tierras por ellos trabajadas.
La decisión del alto Tribunal, celebrada con júbilo, no solamente por los propietarios de tierras catalanes, si no por los grandes terratenientes de toda España, por aquello de las barbas del vecino; fue vista por el pueblo catalán como un gravísimo ataque del nacionalismo españolista a la autonomía que disfrutaba, después de haberla negociado y obtenido en 1932, con la aprobación del primer parlamento de la II República; en el que la izquierda era mayoría. Las relaciones entre el gobierno central y el autonómico, fueron deteriorándose día a día, hasta que el seis de octubre de aquel mismo año, cuando Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, desde el balcón del Palacio de la Plaça de Sant Jaume, proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española; desencadenando una insurrección que fue sofocada el mismo día por el ejercito comandado por el General Batet y la suspensión de la autonomía catalana, con el encarcelamiento de todos los miembros del gobierno; autonomía que no se volvería a reestablecer hasta dos años más tarde; cuando las izquierdas recuperaron el poder en el parlamento español.
Se impuso entonces por la fuerza de las armas, la voluntad del españolismo más rancio, y con ello una especie de vuelta atrás en todo aquello que la ilusión de todo un pueblo con ganas enormes de modernizarse y avanzar como lo hacían sus homólogos europeos, por las sendas del progreso y la justicia social.
En estos días, una nueva e importante ley, aprobada por el Parlamento autónomo de Cataluña y por las Cortes, además de refrendada por una mayoría del pueblo catalán; después que fuera sancionada por las respectivas comisiones de constitucionalidad de estas cámaras, está a punto de ser declarada inconstitucional; por un tribunal, al que le faltan dos miembros, uno por fallecimiento y otro por recusación, con otros en situación digamos irregular consentida; por no haber sido renovados cuando su mandato lleva más de tres años caducado. Un tribunal que para colmo, durante cuatro largos años viene deliberando, este asunto, sin haber sido capaz de emitir sentencia alguna, después de cinco intentos y un no parar de filtraciones mal intencionadas y que ahora, con un cambio de ponente, nos llega la noticia que este señor ha puesto sobre la mesa, no una si no tres sentencias distintas, para que el plenario escoja como si de un mercadillo se tratara.
Nadie con dos dedos de frente en Cataluña, puede estar de acuerdo con la sentencia que emita este tribunal, y si bien se mira tampoco en el resto de España, pues si bien sigue gozando de legitimidad jurídica, nadia lo pone en duda, no tiene ni pizca de credibilidad moral. La sentencia que emita, sea en el sentido que sea, sin proceder previamente a su renovación, no va a conseguir otra cosa que dar alas, a los enemigos del estado de las autonomías de uno y otro lado, la derecha del españolismo rancio, que en 1936 no dudó en enfrentar a unos españoles contra otros a fin de asumir el poder; o aquella minoría de los que quieren ir más allá y optar por vías independentistas de dudoso éxito. Por otro lado una sentencia adversa a la constitucionalidad del Estatut, solo puede llevar a la conclusión que las comisiones de constitucionalidad de las Cortes Españolas y el Consell Consultiu del Parlamento de Cataluña, no sirven absolutamente para nada; pues al fin y al cabo, seis señores de ideología ultra conservadora, son los que van a decidir las leyes fundamentales, por encima incluso de la voluntad popular expresada en las urnas.
Por favor señores del gobierno y de la oposición, demuestren su sentido de la responsabilidad no permitiendo por más la degradación del prestigio del alto Tribunal; no nos repitan una historia que la vez anterior acabó muy mal.
Una sola cosa que deben vigilar los socialistas modernos.
ResponderEliminarAsí que la ley catalana expropiaba los pequeños fundos y la apoyaban los grandes terratenientes?
OJO SOCIALISTAS QUE AHORA UD HABIAN ASCENDIDO TODOS A CLASE MEDIA.
No vaya a ser que con el avance de la derecha aumente la diferencia social como en ARGENTINA y en esos momentos ESPAÑA y el PATO DE LA BODA LO PAGUE LA CLASE MEDIA.