El caso Gürtel y la sentencia pendiente del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Popular, contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, son dos puntos clave de los que depende la credibilidad de la justicia en nuestro país.
Son muchas ya las decisiones judiciales que han resultado muy controvertidas, y demasiadas las que han quedado impunes por las actuaciones corporativistas de los estamentos de la magistratura, que parecen más interesados en preservar la integridad de sus miembros, que no la independencia de la justicia en si misma. Recordemos el caso del asesinato de la niña Mari Luz, a manos de un pederasta que debiera encontrarse cumpliendo condena en la cárcel, si el juez correspondiente hubiera tramitado diligentemente los trámites pertinentes; y que la sanción que se le impuso al negligente magistrado, por parte de las altas instancias judiciales, fue tan solo una pequeña multa.
Tampoco hay que olvidar la imagen desastrosa sobre la imparcialidad que ha dado el Tribunal Constitucional, con las recusaciones i contra recusaciones de magistrados de tendencias conservadoras o progresistas, transmitiendo al ciudadano la sensación que las sentencias, no se emiten siguiendo una valoración justa i ecuánime del recurso presentado, conforme a la carta magna, si no en función de las presiones que un magistrado pueda recibir del partido político afín a su ideología.
La corrupción, que de vez en cuando asoma la cabeza en nuestro país, es otra de las patatas calientes que nuestro sistema judicial tiene entre manos, y más en estos momentos, en que los sospechosos son personas vinculadas al partido de la derecha conservadora, ideología a la que una buena parte de los magistrados, no tienen inconveniente en mostrar sus simpatías.
Poca gente en España entendería, una sentencia de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña después que haya superado, los dictámenes del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, i la Comisión de Constitucionalidad del Congreso de los Diputados, además del trámite y debate parlamentarios, tanto en Cataluña como en las Cortes; y en el caso que se produjera y los argumentos fueran lo suficientemente consistentes, ¿donde quedaría la credibilidad de las instituciones que hemos nombrado y de los gobiernos de Cataluña y de España?
Nadie podría comprender tampoco que la trama del caso Gürtel no fuera investigada a fondo, i se depuraran las responsabilidades no solo penales si no también políticas, incluidos los altos cargos i próceres del partido Popular, como Francisco Camps i Luís Bárcenas, donde no seria de recibo cualquier argucia legal, ni prescripción, como se hizo hace unos años, con la financiación ilegal de los partidos políticos, que representantes del partido socialista dieron con sus huesos en la cárcel, mientras que el caso Naseiro que imputaba al PP, se le declaraba prescrito.
Por todo ello, el estamento jurídico en nuestro país, se juega su credibilidad en estos tiempos, y sería muy conveniente lo resolvieran de manera satisfactoria, y reafirmando su indispensable condición de imparcialidad, pues de lo contrario seria como si un mísil estallara en los cimientos de uno de los puntales del estado de derecho del que nos hemos dotado.
Son muchas ya las decisiones judiciales que han resultado muy controvertidas, y demasiadas las que han quedado impunes por las actuaciones corporativistas de los estamentos de la magistratura, que parecen más interesados en preservar la integridad de sus miembros, que no la independencia de la justicia en si misma. Recordemos el caso del asesinato de la niña Mari Luz, a manos de un pederasta que debiera encontrarse cumpliendo condena en la cárcel, si el juez correspondiente hubiera tramitado diligentemente los trámites pertinentes; y que la sanción que se le impuso al negligente magistrado, por parte de las altas instancias judiciales, fue tan solo una pequeña multa.
Tampoco hay que olvidar la imagen desastrosa sobre la imparcialidad que ha dado el Tribunal Constitucional, con las recusaciones i contra recusaciones de magistrados de tendencias conservadoras o progresistas, transmitiendo al ciudadano la sensación que las sentencias, no se emiten siguiendo una valoración justa i ecuánime del recurso presentado, conforme a la carta magna, si no en función de las presiones que un magistrado pueda recibir del partido político afín a su ideología.
La corrupción, que de vez en cuando asoma la cabeza en nuestro país, es otra de las patatas calientes que nuestro sistema judicial tiene entre manos, y más en estos momentos, en que los sospechosos son personas vinculadas al partido de la derecha conservadora, ideología a la que una buena parte de los magistrados, no tienen inconveniente en mostrar sus simpatías.
Poca gente en España entendería, una sentencia de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña después que haya superado, los dictámenes del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, i la Comisión de Constitucionalidad del Congreso de los Diputados, además del trámite y debate parlamentarios, tanto en Cataluña como en las Cortes; y en el caso que se produjera y los argumentos fueran lo suficientemente consistentes, ¿donde quedaría la credibilidad de las instituciones que hemos nombrado y de los gobiernos de Cataluña y de España?
Nadie podría comprender tampoco que la trama del caso Gürtel no fuera investigada a fondo, i se depuraran las responsabilidades no solo penales si no también políticas, incluidos los altos cargos i próceres del partido Popular, como Francisco Camps i Luís Bárcenas, donde no seria de recibo cualquier argucia legal, ni prescripción, como se hizo hace unos años, con la financiación ilegal de los partidos políticos, que representantes del partido socialista dieron con sus huesos en la cárcel, mientras que el caso Naseiro que imputaba al PP, se le declaraba prescrito.
Por todo ello, el estamento jurídico en nuestro país, se juega su credibilidad en estos tiempos, y sería muy conveniente lo resolvieran de manera satisfactoria, y reafirmando su indispensable condición de imparcialidad, pues de lo contrario seria como si un mísil estallara en los cimientos de uno de los puntales del estado de derecho del que nos hemos dotado.
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