Tras la noticia que en diversos países europeos, las clases adineradas, reconocieran que es justo y necesario, después de años de continuas rebajas fiscales en nombre de unos principios neoliberales, en esta época de grandes esfuerzos para salir del marasmo, se busque la manera de aumentar su contribución a las arcas estatales, para paliar los déficits y las consecuentes deudas públicas que según parece, son los grandes responsables del cabreo de estos entes llamados mercados y después que el jefe de la Patronal española, el catalán Juan Rosell, admitiera que los más fuertes económicamente hablando del país, deberían hacer también un esfuerzo en pro del bien de todos; el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, pide al presidente del gobierno una urgente reimplantación del impuesto sobre el patrimonio, que el mismo gobierno socialista, en una época de vacas gordas deicidió suprimir; aunque ahora elevando el importe de exención y estableciendo una serie de condicionantes a fin de excluir a las sufridas clases medias de la obligación de pago, hasta el punto que Don Mariano Rajoy, atendiendo a su declaración patrimonial que se ha hecho pública recientemente por su calidad de diputado en las Cortes, formaría parte del grupo de exentos.
Con todo, los clamores del Partido Popular, en el sentido de no admitir esta reintroducción, se han hecho oír en todos los rincones de la piel de toro, empezando por el propio Rajoy, que lo considera, sorpréndanse Vds. como una ¡penalización al ahorrador!; aún así he leído en el País, que los populares se guardan muy bien de proclamar que en cuanto lleguen al poder van a suprimir este impuesto. Los mercantilistas de CiU, después de lanzar mil pestes sobre el gobierno socialista por esta medida, acaban por concluir que si no afecta a las clases medias ya les va bien; y finalmente los izquierdistas ortodoxos, no solo los de IU, si no algunos que andan sueltos sin el amparo de ningún partido, o dentro del propio Partido Popular, se dedican a cargar contra Rubalcaba, acusándole de haber apoyado la supresión del impuesto cuando estaba en el gobierno, aunque ahora abogue por su restitución.
Los voceros anti PSOE, como una buena parte de los articulistas del Pais, se dedican estos días a minimizar implacablemente la medida proclamando que unos 2.000 millones de € al año son el chocolate del loro y otras sandeces por estilo, siempre con el fin de desprestigiar al socialismo español, esperando se pegue el gran batacazo el próximo 20 N, porque a lo mejor los que entren van a favorecer más al grupo periodístico al que sirven.
Empero, el gran problema de esta medida, parece ser lo tienen los presidentes y responsables financieros de las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco y Navarra, por estar sujetos al tema del concierto, particularmente de los adscrito al sector ideológico derechista, pues al tratarse de un impuesto que años a, había sido transferido del estado a estos entes, y por ello cuando el gobierno estatal decidió su anulación, debió proceder a compensar a las comunidades con un importe global de 1.400 millones de €, compensación que lógicamente debería quedar sin efecto al restituirse el impuesto, por lo que van a ser los gobiernos autonómicos quienes deberán aplicarlo y gestionar su cobro, dándose la paradoja, que los de la derecha reaccionaria entrarían en la contradicción, de gestionar de hecho una nueva carga sobre una minoría de ciudadanos, con un alto porcentaje de ellos votantes de su partido, cuando desde sus más altas instancias se aboga por la supresión de impuestos a los más ricos. Es aquí donde podemos entender la oposición manifiesta de los presidentes autonómicos populares y el caso particular de Don José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que en un alarde de renovado centralismo, pide fervientemente que el impuesto regrese a su condición de estatal. Pero amigos incomprensiblemente y para asombro incluso del ministro Blanco, desde el ministerio de Economía y Hacienda se proclama, el mantenimiento de las compensaciones, tanto en el caso de las comunidades que opten por aplicar el impuesto como las que no, cuestión que a mi entender hecha un nuevo jarro de agua fría, sobre las expectativas de cambio que el nuevo candidato Rubalcaba genera en el electorado.
Creo que al contrario de lo que desde el neoliberalismo se proclama, de seguir exigiendo más y más sacrificios a las clases populares, mientras se desmonta el llamado estado del bienestar, ya va siendo hora que se reduzca el déficit actuando sobre los ingresos y particularmente sobre los que gravan a las clases más pudientes; que por lo demás, en este nuestro país se da la extraordinaria circunstancia que son los que menos contribuyen; pero esto es harina de otro costal.
Con todo, los clamores del Partido Popular, en el sentido de no admitir esta reintroducción, se han hecho oír en todos los rincones de la piel de toro, empezando por el propio Rajoy, que lo considera, sorpréndanse Vds. como una ¡penalización al ahorrador!; aún así he leído en el País, que los populares se guardan muy bien de proclamar que en cuanto lleguen al poder van a suprimir este impuesto. Los mercantilistas de CiU, después de lanzar mil pestes sobre el gobierno socialista por esta medida, acaban por concluir que si no afecta a las clases medias ya les va bien; y finalmente los izquierdistas ortodoxos, no solo los de IU, si no algunos que andan sueltos sin el amparo de ningún partido, o dentro del propio Partido Popular, se dedican a cargar contra Rubalcaba, acusándole de haber apoyado la supresión del impuesto cuando estaba en el gobierno, aunque ahora abogue por su restitución.
Los voceros anti PSOE, como una buena parte de los articulistas del Pais, se dedican estos días a minimizar implacablemente la medida proclamando que unos 2.000 millones de € al año son el chocolate del loro y otras sandeces por estilo, siempre con el fin de desprestigiar al socialismo español, esperando se pegue el gran batacazo el próximo 20 N, porque a lo mejor los que entren van a favorecer más al grupo periodístico al que sirven.
Empero, el gran problema de esta medida, parece ser lo tienen los presidentes y responsables financieros de las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco y Navarra, por estar sujetos al tema del concierto, particularmente de los adscrito al sector ideológico derechista, pues al tratarse de un impuesto que años a, había sido transferido del estado a estos entes, y por ello cuando el gobierno estatal decidió su anulación, debió proceder a compensar a las comunidades con un importe global de 1.400 millones de €, compensación que lógicamente debería quedar sin efecto al restituirse el impuesto, por lo que van a ser los gobiernos autonómicos quienes deberán aplicarlo y gestionar su cobro, dándose la paradoja, que los de la derecha reaccionaria entrarían en la contradicción, de gestionar de hecho una nueva carga sobre una minoría de ciudadanos, con un alto porcentaje de ellos votantes de su partido, cuando desde sus más altas instancias se aboga por la supresión de impuestos a los más ricos. Es aquí donde podemos entender la oposición manifiesta de los presidentes autonómicos populares y el caso particular de Don José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que en un alarde de renovado centralismo, pide fervientemente que el impuesto regrese a su condición de estatal. Pero amigos incomprensiblemente y para asombro incluso del ministro Blanco, desde el ministerio de Economía y Hacienda se proclama, el mantenimiento de las compensaciones, tanto en el caso de las comunidades que opten por aplicar el impuesto como las que no, cuestión que a mi entender hecha un nuevo jarro de agua fría, sobre las expectativas de cambio que el nuevo candidato Rubalcaba genera en el electorado.
Creo que al contrario de lo que desde el neoliberalismo se proclama, de seguir exigiendo más y más sacrificios a las clases populares, mientras se desmonta el llamado estado del bienestar, ya va siendo hora que se reduzca el déficit actuando sobre los ingresos y particularmente sobre los que gravan a las clases más pudientes; que por lo demás, en este nuestro país se da la extraordinaria circunstancia que son los que menos contribuyen; pero esto es harina de otro costal.
Vamos a ver: los funcionarios no son ricos y han pagado y están pagando con la congelación, algunos pensionistas también. No sólo deben de pagar los que más tienen, que coinciden con gente muchas veces que reciben muy buenas subvenciones de los gobiernos, sino que se debería de revisar los convenios colectivos y hay mucha gente fija en este país no sólo los funcionarios, que tienen muy buenos sueldazos. Creo que todos, igual que yo que ya aporto como pensionista, deberíamos de aportar en medida de estos sueldos una parte para salir de esta dichosa crisis. Sólo me refiero a gente con sueldos decentes. En cuanto a la derecha, mejor ni hablar. La pena es que no sé cómo se las apañan pero muchos ricos de ellos se van a librar. ¿Qué cómo lo hacen? una buena inspección, y ya está bien que muchos no tienen lo que tienen por su trabajo, sino por ser herederos de...
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