Para
que un estado federal funcione con eficiencia, es imprescindible por encima de
todo el concepto de lealtad federal, no de las federaciones hacia el gobierno
central, sino a los acuerdos que se toman conjuntamente con las demás
federaciones.
Todo aquello que se me ocurre tengo la mala costumbre de escribirlo. Aquí encontrareis de todo, os puede gustar más o menos, pero siempre, siempre, és mi sincera y honrada opinión. Deja tus comentarios, para enriquecer el blog.
Para
que un estado federal funcione con eficiencia, es imprescindible por encima de
todo el concepto de lealtad federal, no de las federaciones hacia el gobierno
central, sino a los acuerdos que se toman conjuntamente con las demás
federaciones.
Dicen
que una moción de censura es un arma de doble filo y que si no está bien
planteada, se revuelve contra quien la presenta. Si repasamos la historia de
nuestra democracia veremos como lo dicho resulta una contundente verdad.
Veamos: En 1980 un gobierno de Adolfo Suárez sigue rigiendo los destinos de
España en la transición, aunque da muestras de descomposición, tanto a nivel de
gobierno como del Partido que lo sustenta la UCD, una grave crisis económica azota
el país, y el gobierno, a pesar de la colaboración que le brindó la oposición y
las organizaciones sociales y sindicales, con la firma de los llamados Pactos
de la Moncloa, da la sensación en el electorado que es totalmente incapaz de
superar la situación. Felipe González y la ejecutiva del PSOE deciden presentar
una moción de censura, aún a sabiendas que la van a perder por la correlación
de fuerzas en el Parlamento, sin embargo, ello les dará la oportunidad de
presentar su programa de gobierno y presentarse en la sociedad como la
alternativa que puede sacar al país del atolladero. Lo acertado de la decisión
se vio dos años más tarde cuando Felipe González salió elegido presidente por
una amplia mayoría absoluta
La
segunda moción de la democracia se presentó en 1987, cuando un Desconocido
Antonio Hernández Mancha, presidente de Alianza Popular, el antecedente del
actual Partido popular, la presentó en contra del presidente socialista Felipe
González, desde el convencimiento que al igual que en la anterior ocasión,
serviría para presentar sus propuestas para el gobierno de España; sin embargo
las circunstancias, eran muy distintas, el país estaba saliendo de la crisis
económica y el PSOE, lejos de estar en descomposición como la UCD, era una piña
alrededor de sus dirigentes. El resultado de la moción fue el fin de la carrera
política de Hernández Mancha, la disolución de AP y su re-fundación en nuevo
partido el Partido Popular.
Parece
ser que el tremendo fracaso de esta segunda moción de censura quitó las ganas a
los partidos de utilizar esta herramienta constitucional, pues tuvieron que
pasar 30 años, cuando la formación Unidas Podemos, aún a sabiendas de que la
iba a perder, presentó una nueva contra Mariano Rajoy. Tampoco le resultó muy
provechosa dado que fue el inicio de su retroceso electoral.
En
2019, y después de una sentencia que reconocía al PP como organización que se
lucró con la corrupción de buena parte de sus miembros, sentencia que ha sido
confirmada recientemente, por el Tribunal Supremo, aunque algunos dirigentes
actuales y pasados del PP quieren presentarla como lo contrario. El PSOE
decidió presentar una nueva moción que consiguió el respaldo mayoritario de la
cámara, y convirtiéndose en la primera moción de censura triunfante de la
democracia española.
Los
ultra-derechistas de VOX, que en las últimas elecciones, vieron en el malestar
ciudadano, por la pandemia de Corona Virus su oportunidad no solo para
reafirmarse en la tercera posición en número de diputados, sino con la posibilidad
de arrebatarle al PP el liderazgo de la derecha y de la oposición, presentaron
en el 2020, una nueva moción de censura, contra el gobierno de coalición
PSOE-PODEMOS y su líder Pedro Sánchez Perez Castejón. El resultado fue tan
desastroso para este partido, ya que solo consiguió los votos afirmativos de
los componentes de su grupo, siendo todos los demás del hemiciclo en contra.
Además de un severo correctivo por parte de Pablo Casado, líder del PP, en el
turno de intervenciones, que sorprendió a propios y extraños, hasta el punto de
que en el turno de réplica el candidato Santiago Abascal, se lamentó del ataque
persona que le había dirigido Casado.
Jamás
en la historia un partido político no había conseguido soporte alguno en
cualquier proposición, ni tan siquiera en forma de abstención como ha sido el
caso, por lo que si podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que la moción que
pretendía matar dos pájaros de un tiro como era cargarse a Pedro Sánchez y
conseguir el liderazgo de la derecha española, se ha vuelto en contra de su presentador
de tal forma que somos muchos los que sospechamos que la carrera política de
Don Santiago Abascal está tocada de muerte y que lo más seguro, arrastre a su
partido en su caída, como ya empiezan a indicar algunos sondeos.
A
mi entender las causas han sido principalmente el erróneo análisis de la
situación actual que hace la derecha en el sentido, que la apariencia de
errática gestión de la pandemia no es debida a ineptitud ni mala voluntad de
los responsables si no a que se trata de un virus totalmente desconocido en un
inicio y del que se van aprendiendo cosas a medida que transcurre el tiempo.
Con todo y así parece que la ciudadanía ha sabido reconocer que las medidas
sociales adoptadas por el gobierno de coalición han representado unas ciertas
ventajas a las clases medias y bajas que en la anterior crisis del 2008,
gestionada por el Partido Popular no se habían producido.
Por
otra parte, somos muchos aun los que vivimos la dictadura de Franco, en un
régimen igual al que pretenden implantar los de VOX, antieuropeo, y ultranacionalista,
y que recordamos perfectamente lo mal que vivimos entonces y no estamos
dispuestos a repetir. Es esto quizás lo que determinó que Pablo Casado optara
por votar en contra de la moción y no abstenerse, para desmarcarse
definitivamente, o al menos aparentarlo, de la posición de VOX.
Baso
mis sospechas en el hecho indiscutible que el PSOE liderado por Felipe Gonzalez
que ostentó el gobierno del estado en un período de trece años, la mayoría de
ellos con amplias mayorías absolutas, durante los que fue capaz de girar como
una media una institución como la del ejército, quitándole de un plumazo las
tendencias golpistas y convirtiéndole en una institución emulable a la de los
países democráticos de nuestro entorno inmediato, además de facilitarle la
entrada en organismos internacionales como la OTAN. Sin embargo se abstuvieron
de la más mínima intervención en el estamento judicial, donde los magistrados
que fueron del TOP, se jubilaron con todos los honores en cuanto les toco el
turno en los altos puestos de dirección del Consejo General o del Tribunal
Supremo. Sus sucesores siempre fueron escogidos mayoritariamente entre los
miembros de la asociaciones de Magistrados de la tendencia más conservadora
posible. Ni Felipe González, ni tan siquiera Santiago Carrillo, se les oyó
nunca plantear un cambio en el statu quo
del poder Judicial en la España democrática, cuestión que me confirma la existencia de este pacto no
escrito, quizás la base para permitir la transición pacífica a la democracia en
nuestro país.
Hay
que decir sin embargo, que en los primeros momentos, el estamento judicial se
“comportó” y salvo alguna rara excepción sus decisiones no fueron en general
polémicas, si no que simularon adaptarse a la nueva situación democrática, con
total naturalidad. Una de estas excepciones fuerón los casos Filesa y Naseiro,
que afectaban a la financiación supuestamente ilegal del PSOE y el Partido
Popular por los que algunos dirigentes socialistas fueron encarcelados y el
caso del Partido Popular se decretó prescrito. Todo cambió en cuanto Jose Maria
Aznar alcanzó la presidencia del gobierno durante 8 años, cuatro de los cuales
con mayoría absoluta. A partir de aquel momento resurgieron en el estamento judicial como de improviso, las más
puras esencias franquistas, y las sentencias emitidas sobre los casos de
violencia de genero, o de agresiones sexuales empezaron a ser polémicas y de
tendencia claramente franquista. Los primeros casos de corrupción en el
estamento político por parte de la derecha gobernante empezaron a ser obviados
y tan solo en aquellos casos flagrantes casi imposibles de ocultar, llegaban a
los tribunales.
Hoy
las sospechas de connivencia del estamento judicial con el Partido Popular ya
nadie las duda, sobre todo después que hayamos visto como se dicta sentencia
absolutoria a los implicados en el caso Bankia, una de las mayores estafas que
se han hecho en este país, o las larguísimas instrucciones de los casos de
corrupción que afectan al partido de la derecha española por excelencia; así
como tampoco se duda de la mentalidad franquista de muchos de los magistrados,
cuando dictan sentencias casi absolutorias a los violadores en grupo como fue
el caso de la manada u otras donde se culpabiliza a la víctima y se exonera al
agresor en casos de violencia doméstica.
Dada
esta situación y ante la negativa del Partido Popular a facilitar un acuerdo
para renovar el Consejo General del Poder Judicial, caducado por más de dos
años, con el fin que no varíe la actual mayoría netamente conservadora de sus
miembros, ante la avalancha de procesos que se les vienen encima y la nula
disposición que se intuye del actual Presidente del Gobierno de mantener la
correlación de fuerzas existente, si no su voluntad firme de buscar una
solución que garantice de una vez por todas la neutralidad de este tercer poder
del estado de derecho; creo llegado el momento de tirar por camino del medio, si el PP sigue en
su posición de bloqueo, después del ofrecimiento que le hizo Pedro Sánchez en
el debate de la moción de censura. Seguro que en la UE no solo lo entenderían
si no que darán su apoyo incondicional al gobierno que preside Pedro Sánchez,
en esta cuestión, Pablo Casado se encuentra en una difícil tesitura, pues de no
atender la proposición de Pedro Sánchez, perdería toda su credibilidad ante el
electorado español y las altas instancias de la UE, y el propio Partido Popular
Europeo.
En
España estamos en un momento en que debemos defender la democracia, no solo de
la amenaza del fascismo moderno, si no de la corrupción de la que existen graves
sospechas el poder judicial ha convenido con ella en estos últimos tiempos y
ello pasa indefectiblemente por cambios de mucho calado en el tercer poder de
nuestro estado de derecho..
Ya
en el año 1978, en cuanto se aprobó la Constitución Española después del referéndum del 6 de diciembre,
manifesté que me parecía un error monumental, permitir que los colores rojo y
amarillo siguieran conformando la bandera nacional, aunque se le cambiara el
escudo eliminando la simbología falangista del yugo y las flechas, el águila,
imperial y las columnas con la leyenda Non Plus Ultra; pues no me veía capaz de
sacar de mi mente la idea de opresión que la bandera española durante treinta y
dos primeros años de mi vida había significado para mi generación y las
inmediatas anteriores.
Los
colores rojo y gualda me siguen recordando, los gritos que algunos te espetaban
si se te ocurría dirigirte a alguien en mi idioma materno el catalán, “Hablame
en Cristiano” en un tono tan despectivo que te humillaba en sobremanera.
También me recuerda las injustas condenas del TOP, que se emitían al amparo de
estos colores.
Hoy,
pasados ya 42 años de democracia, los defensores de la rojigualda. no solo no
han conseguido convencernos a los que como yo la consideramos un símbolo de
opresión, si no que la permisividad con que los de VOX, se apropian de este
símbolo que debería ser de todos y que la máxima institución del estado como es
el rey, no le hace ningún asco a la utilización de la figura del monarca que
procuran VOX, el Partido Popular y Ciudadanos últimamente, me reafirma aún más
en la necesidad de acabar por una vez por todas con todo aquello que nos sigue ligando a un
pasado, que ya deberíamos haber olvidado para siempre.
¿Ven
Vds normal la defensa a ultranza de la derecha de la figura del rey Felipe VI,
por parte de la derecha española, como se ha plasmado en un video que circula
por las redes y por todas la TV del país, donde reconocidos derechistas de la
política y los medios de comunicación proclaman Vivas al Rey? ¿Consideran Vds.
lógico que Felipe VI, no se haya desmarcado de esta iniciativa, dando una
imagen que ha dejado de ser el Rey de todos para convertirse en el Rey de unos
pocos? En particular, después que la corrupción del emérito ocupe paginas y más
paginas todos los días en la prensa.
Volviendo
al tema de la bandera, soy consciente que en cuanto se plantea el dilema
Monarquía o República, el asunto quedará zanjado pues la rojigualda será
substituida automáticamente por la tricolor, pero dado que el tema no es
conveniente plantearlo ni a corto ni a medio plazo, o bien se evita su
utilización por parte de los partidos políticos o bien le buscamos un
substituto provisional, pues quizás de esta manera, muchos de los que piensan
como yo, podríamos sentirlo como nuestro sin ninguna necesidad que nadie nos
confunda como de derechas o fachas directamente.
Entiendo
que hoy y con lo que tenemos encima, los españoles no debamos plantearnos
cuestiones como las que aquí propongo y por ello entiendo muy bien la posición
adoptada por Pedro Sánchez de no menear estos temas poniéndose de perfil,
aunque estoy seguro y por fidelidad a sus pensamientos no le deben faltar ganas
de ponerlo todo patas arriba, viendo la intransigente actitud de la derecha
española. Pero también debo decirles que creo que en cuanto pase esto de la
pandemía y tengamos el país encarrilado de nuevo en la senda del progreso, no
debemos dejar pasar ni un día en que el gobierno de coalición progresista, aborde con todas sus
consecuencias con la reforma en profundidad del estamento judicial, y el tema
de la apropiación de los símbolos y las instituciones por parte de los grupos
políticos de la extrema derecha, evitando así que lo que tiene que ser de todos
acabe en manos de unos pocos que además continuamente los deshonran.
Convendrán
Vds conmigo que para una mayoría de ciudadanos, los símbolos siguen siendo
importantes aunque en aras al progreso personal, debamos quitarles todo rastro
de patrioterismo que en los momentos
álgidos del nacionalismo se les ha querido dar si hemos de considerarlos como seña de unión y fraternidad de unos ciudadanos
que comparten muchas cosas en común. Por ello no hablo de prescindir de ellos
como podría parecer lógico en alguien convencido como soy yo de que los
conceptos Nación y Patria son del todo anacrónicos en un mundo que busca el
entendimiento superando a la confrontación, como debe ser la nueva sociedad que
está emergiendo en todo el planeta en el siglo XXI.
La principal condición para que un estado federal, o uno que se quedó a medio camino como és el Estado Español funcione, es imprescindible mantener por encima de todo un principio de lealtad institucional entre administraciones. Algo que estos días hemos visto saltarse a la torera por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por cuanto a pesar de que una nefasta gestión sanitaria les ha llevado a ser el epicentro de la pandemía no solo en España sino de toda la UE se permiten el lujo de discutir e intentar desobedecer las propuestas del Gobierno Central, que han sido consensuadas por la mayoría de Comunidades Autónoma, en una conferencia de Presidentes.
La presidenta Isabel Diaz Ayuso, en un alarde de imbecilidad supina, sin atender las sugerencias de su socio de gobierno, Ciudadanos, se permitió el lujo de no revalidar según la ley de emergencia sanitaria, las limitaciones de movilidad, propuestas por el Gobierno central, con el fin de atajar de raíz el grave problema sanitario, obligando con ello al gobierno que preside Pedro Sánchez, con rapidez inusitada proclamar el Estado de Alarma en el territorio madrileño con el fin de evitar que el puente del Pilar, se convirtiera en distribuidor de virus por todo el territorio nacional.
Si echamos la vista atrás, hacía el mes de Mayo Junio, cuando gracias a un riguroso confinamiento en todo el territorio español, se consiguió doblegar la curva de contagios y dejarlo en unos valores completamente razonables, el Gobierno Central, devolvió las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, lo hizo, con una serie de recomendaciones entre las que se encontraban, potenciar y revertir los recortes en atención primaria, ya que este estamento sería el encargado de atender en primera instancia toda personas afectada; otra recomendación básica, fue el contrato y formación de rastreadores, que hicieran el seguimiento de los brotes y se cuidaran de aislar convenientemente los posibles focos de infección evitando la propagación del virus. Además de periodificar según cada caso la llamada desescalada con el fin que la circunstancia particular de cada comunidad autónoma, se acortara o alargara. Pero todos tenían prisa, particularmente Doña Isabel, que llegó a demandar al gobierno central en los tribunales porqué no le permitían cambiar de Fase 1 a fase 2 aunque las cifras de contagios y de capacidad sanitaria, no aconsejaran el cambio. El 21 de Junio en cuanto finalizó la última prórroga del Estado de Alarma todos se lanzaron a un desenfreno como si no hubiera un mañana, haciendo que la fase 3 de la desescalada fuera un mero trámite de unas pocas horas.
Por lo demás en el caso concreto de Madrid, su gobierno fiel a las directrices neo liberales de acabar con todo lo público fomentando lo privado, despidió a los médicos y sanitarios contratados durante el confinamiento como refuerzo, de las nuevas infraestructuras provisionales que se habían creado, para atender el exceso de demanda, como por ejemplo el hospital de IFEMA. La presidencia de la Comunidad no considero necesario contratar rastreadores quizás con el afán de ahorrar gastos. El resultado de estas políticas ha sido totalmente nefasto y llegándose a un descontrol total de la pandemía en la comunidad con una tasa de incidencia superior a los 700 contagios por cada cien mil habitantes.
Cuando las cosas llegan a un punto totalmente insostenible, y toda la ciudadanía madrileña, de un extremo a otro, empiezan a reclamar al gobierno autonómico que haga algo, Doña Isabel se descuelga con una medidas segregacionistas, donde se limita la movilidad en unos barrios y en otros no dándose la circunstancias que los barrios confinados son donde vive la gente más humilde mientras que en los de alto poder adquisitivo seguía la plena libertad de movimientos.
Francamente es del todo incomprensible tamaña irresponsabilidad en unos gobernantes, cuando se está jugando con la vida de miles y miles de personas, o que de no perderla pueden tener de por vida unas limitaciones consecuencia directa de las secuelas que esta enfermedad conlleva; aunque tratándose del Partido Popular que solo tiene como objetivo cargarse al gobierno de PSOE - PODEMOS, al precio que sea y cuyo lider principal, es capaz de mandar falsos mensajes a Bruselas con la intención que no lleguen a nuestro país los 140.000 mil millones de euros que el presidente Pedro Sánchez negoció y consiguió, de los dirigentes comunitarios.
No deberíamos perdonar nunca esta vil felonía que ha cometido el gobierno de la comunidad de Madrid presidido por el Partido Popular, poniendo en peligro a todos los ciudadanos madrileños,. A partir de hoy las encuestas deberían reflejar una caída electoral sin precedentes del PP en Madrid, hasta obligar a cambiar los principales responsables y sus criminales políticas por otras que sean más de justicia ciudadana; porqué además de lo dicho, están atentando gravemente contra la constitución, al querer mostrar que un estado autonómico es totalmente ineficaz, cuando en realidad los únicos ineficaces son ellos.
Espero y deseo que los temores de Casado y Ayuso en el sentido de evitar que el gobierno central se alce victorioso en la lucha contra la pandemía, con unos costes sociales mínimos se hagan realidad y la derecha española se dé cuenta que no puede seguir con estos líderes y estas políticas obstruccionistas en la España y Europa del siglo XXI y espero también que algún día la justicia tome cartas en el asunto y les exija las pertinentes responsabilidades pues lo que han hecho es la traición mas execrable a la democracia. No se merecen menos.
Por fin los catalanes, sabemos a que atenernos, pues Roger Torrent, el presidente del Parlament de Cataluña y militante de ERC, ha osado sin consultar con nadie, señalar el 14 de febrero de 2021 como fecha de las elecciones autonómicas en Cataluña y aunque ello haya provocado un disgusto enorme a Puigdemont y sus compinches, que están más por la ridiculez de la “confrontación inteligente” con el estado español que no por sacar a los catalanes de la incertidumbre, es quizás la primera vez que que a los cobardes independentistas de ERC, se les vé un detalle, de intentar apartarse del seguidismo a la derecha catalana pura y dura que hasta hoy han venido practicando.
Con todo sigo sin confiar ni un poco con ERC, pues, siempre después de una osadía, se retraen y compensan a Puigdemont de una forma u otra hasta e punto que le acaban dando el triunfo en las elecciones autonómicas, como si ellos tuvieran terror a ser la primera fuerza en Cataluña. Por otro lado su líder Oriol Junqueras, ya dejó claro en unas recientes declaraciones que de ninguna de las maneras su partido estaba dispuesto a negociar nada con el PSC al que acusa de apoyar su encarcelamiento.
El independentismo, sea la facción que sea de las cinco que hay; PDECAT, de Carles Bonvehi, el PNC de Marta Pascal, Junts x Catalunya de Puigdemont, ERC de Oriol Junqueras y la CUP, no es capaz de reconocer que han seguido una estrategia fracasada y que solo les ha conducido al desastre más absoluto, con una pérdida absoluta de la confianza empresarial, con la deserción de más de 5.000 empresas y el abandono de muchas otras de carácter multinacional, que cierran sin más sus fábricas, en el territorio de Cataluña como Nissan por ejemplo. No se quieren dar cuenta que a nivel empresario solamente les siguen los tenderos u todos aquellos de la mediana empresa cuya clientela, es exclusivamente del barrio donde están instaladas, y que por su naturaleza no afecta para nada sus intereses que Cataluña esté o no dentro de España; sin embargo son tan cortos de miras que no se dan cuenta que si Cataluña pierde a las grandes empresa y en consecuencia buena parte de los asalariados de este país pierden su empleo, a ellos también se les acaba la moma, al disminuir notablemente el poder adquisitivo de las mayorías ciudadanas. Con todo, creo que la pandemía del Covid-19, y la consecuente crisis económica, está poniendo de manifiesto el tremendo error de esta pequeña burguesía; por cuanto se está poniendo en evidencia que nadie por si solo puede salir con bien de ella sino que precisa del apoyo de otros muchos para levantar cabeza.
Oteando el panorama político en Cataluña, por poco que se profundice uno se da cuenta enseguida que por parte del independentismo al negarse a reconocer su estrepitoso fracaso en sus estrategias, unos para tapar sus grandes errores y otros como ERC por temer que JxCat le devuelva la pelota de cuando Puigdemont dudaba entre convocar elecciones o declarar la independencia, ellos, solo con la amenaza de mostrar pancartas que le llamaban traidor le obligaron a optar por la segunda opción; se sitúan fuera de la realidad y contrarios a los intereses de los ciudadanos y cuando por otro lado en la oposición de la derecha nacionalista española, que representan PP y Ciudadanos, por no haber sabido tejer un plan dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que procurara el crecimiento como sociedad del territorio, se enfrentan a las próximas elecciones del 14 de febrero de 2021 en situación de extrema debilidad, un PP casi desaparecido en Cataluña y C’s, a punto de desaparecer en todo el territorio nacional, no dan ninguna buena imagen que inspire la imprescindible confianza de los ciudadanos.
Tan solo el PSC, está demostrando tener un proyecto innovador para una Cataluña dentro del estado español, defensor de una estructura federal para el estado, cuestión que coincide perfectamente con el pensamiento del actual mandatario Pedro Sánchez Pérez-Castejon, ofreciendo un respeto a la diversidad desde la igualdad de derechos cuestión que se me antoja indispensable para el gobierno de un estado tan diverso como es España, donde existen por lo menos cinco lenguas distintas, y culturas muy diferentes según se viva en el norte o en sur o las costas sean atlánticas o mediterráneas.
Por otra parte el PSC tiene la gran virtud de no ser nacionalista de ningún lado, por lo que no necesita de enemigos para subsistir como les sucede a los nacionalistas, es por ello que rechaza la política de bloques que propone por un lado Ciudadanos y los independentistas por otro y apuesta por el dialogo la negociación y el pacto como forma de solucionar los conflictos y permitir una sana convivencia..
Cada día somos más los catalanes no independentistas que nos damos cuenta del error cometido en las últimas elecciones autonómicas del año 2017, cuando los electores no independentistas decidieron dar sus votos a Ciudadanos convirtiéndole en la primera fuerza del país. Lamentablemente tres años más tarde nos damos cuenta que de poco sirvió potenciar un bando, el del nacionalismo español, para enfrentarlo con el catalán, pues lo único conseguido es alimentar la guerra entre ambos cuestión que les beneficia, tanto a unos como a otros, pues forma parte de su más íntima esencia ideológica como formación política.
Creo que ha llegado el momento, el próximo 14 de Febrero, los que no estamos afectados por el fanatismo nacionalista, optemos por una nueva forma que intente romper la confrontación en la que estamos sumidos y nos conduzca de nuevo a la concordia, el entendimiento y el respeto para una sana convivencia, que nos permita afrontar juntos los nuevos retos que el gran cambio del siglo XXI, nos viene procurando y sin ningún atisbo de duda es el PSC quien ha de recibir la mayoría de los votos no independentistas
Cuando el pasado lunes 28 de septiembre, se hizo pública la sentencia absolutoria a los 34 acusados, ex directivos de la entidad bancaria, que engañó vilmente a unos inversoresen su salida a bolsa anunciando en el último ejercicio unos beneficios de más de 300 millones de euros, cuando la realidad es que en la entidad, había un agujero de más de 3.000 millones.
Una buena parte de los accionistas que vieron perder su dinero, fueron aquellos a los que vendieron preferentes, pequeños ahorradores que vieron esfumarse su capital, por el hecho que al poco tiempo las acciones de Bankia pasaron a valer cero euros, o aquellos otros que compraron las acciones en poder de los magnates de la bolsa española, que por informaciones privilegiadas de las que disponen les vendieron sus activos. El tema generó en un principio las protestas de los afectados hasta el punto, que los nuevos gestores de la entidad, ya en manos del estado español, (después del famoso rescate de 22.000 millones de euros), devolvieron el capital invertido a todos y cada uno de ellos.
Es por ello que hoy, la mayoría de ciudadanos nos sorprendamos de que una serie de jueces consideren que ningún directivo cometió delito alguno, cuando después de todo, los afectados somos los 46 millones de españoles que a escote hemos pagado la juerga que estos ex acusados, en su día se embolsaron o malversaron.
Arguyen como fundamento a la sentencia que los organismos reguladores Banco de España, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no detectaron, irregularidad alguna en la operaciones de la entidad, de hecho es como si nos dijeran que exculpan a un timador por el haber sido tan listo y conseguir engañarnos. Los directivos de Bankia, no tan solo consiguieron engañar al público que acabó pagando el pato, si no que fueron tan hábiles para enredar, o quizás comprar a los funcionarios del Banco de España y de la CNMV.
Esta sentencia amigos, huele mucho a chamusquina y el argumento que la sustenta és del todo peregrino, pues nadie en su sano juicio entiende que una deficiente gestión de los organismos reguladores pueda eximir de responsabilidades a unos timadores que se han lucrado, muy mucho con ello; si acaso hubieran debido abrir una nueva causa contra los que no estuvieron suficientemente alerta y no supieron ver a tiempo la estafa, ¿No les parece?
Ya he dicho en multitud de ocasiones que el tercer poder del estado, el judicial, en España adolece de graves deficiencias y denota muchos tics dictatoriales, pues de hecho es quizás el único estamento, que no fue completamente renovado después de la dictadura, como si lo fue en su día el ejercito, cuando el ministro de defensa socialista Narcis Serra , de un plumazo pasó a la reserva a todos aquellos mandos que habían intervenido en la guerra civil y procuró un nuevos estado mayor, formado por militares jóvenes con visión democrática, aunque para ello previamente debió suceder un intento de golpe militar el 23 de Febrero de 1981.
Creo que el pueblo español debe ya decir basta, y que la sentencia de la Audiencia Nacional debe ser el último golpe que desde el estamento judicial español se infringe a la democracia. Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno se muestra dispuesto a ello, y aunque el principal partido de la oposición, no esté presto a facilitar las cosas como demuestra un día si y otro también su líder Pablo Casado, si puede seguir contando con el apoyo de la mayoría del pueblo español, es bien seguro que lo va a conseguir y entonces quizás si podamos decir que hemos finalizado el proceso de transición a la democracia de verdad y que nuestro sistema judicial sea reconocido en el resto de la UE, como verdaderamente democrático.
Piensen Vds, que quizás entonces muchas actitudes de algunos países hacía las resoluciones judiciales españolas podrían cambiar radicalmente, y puede que entonces, Puigdemont, por poner un ejemplo, no tuviera tan fácil su estancia en Waterloo.
Es bien sabido que Pedro Sánchez no cuenta con apoyo mediático alguno, que lo que ha conseguido ha sido gracias, exclusivamente al apoyo de una mayoría de ciudadanos que creen en el y su forma de hacer política. Y en este tema va a ser igual, debemos ser los ciudadanos, con nuestro respaldo incondicional que presionemos a los medios y a los partidos políticos, para que pueda salir adelante la reforma en profundidad del sistema judicial español, para convertirlo en un auténtico órgano democrático lejos del refugio de fascistas y nostálgicos del franquismo que es hoy en día.