La mala
voluntad de los contendientes en la guerra desatada en España por los
nacionalistas de uno u otro signo, nos hace aparecer la cuestión territorial,
como el único gran problema que nos aqueja, cuando si lo miramos detenidamente
nos daremos cuenta que en el ranking de preocupación ciudadana, figura en los
últimos lugares.
Es verdad y
debemos reconocerlo que en Cataluña, Artur Mas ha conseguido tapar y según
parece de momento ralentizar las causas judiciales derivadas del llamado caso
Palau, y que afectan directamente a su partido político, además de la nefasta
gestión de los 23 años de pujolismo, y la nula de su mandato personal. Hoy en
Cataluña nadie habla de corrupción, ni de los recortes en educación y sanidad de los que son directamente responsables
Boi Ruiz e Irene Rigau, consejeros del gobierno autonómico catalán, bajo el
eufemismo demagógico del España nos roba, han conseguido desviar totalmente la
atención, hasta el punto que los que osamos poner en cuestión los predicamentos
del oficialismo nacionalista, e intentamos de mantener en nosotros y despertar
en la ciudadanía el espíritu crítico, absolutamente necesario en una sociedad
democrática, somos tachados de nacionalistas españoles acérrimos, en el más
leve de los casos, o directamente de traidores a la causa catalana por los más
extremistas.
También por
las noticias que me llegan de otras partes del estado español, al gobierno
Rajoy le va de perillas el lío este del desafío soberanista en Cataluña, que le
sirve en bandeja de plata, el remover
los patrioteros sentimientos ultranacionalistas españoles, casi Joseantonianos,
que hacen olvidar a la ciudadanía la perdida progresiva de derechos sociales
elementales, además de evitarle recurrir a la manida excusa de Gibraltar, en
estos momentos ciertamente comprometida por la realidad de estar un conservador
como Cameron, correligionario en cierta manera de Rajoy, en el gobierno del
Reino Unido. Si como decía antes, en Cataluña, el lema es España nos roba, en
los dominios de Rajoy se responsabiliza a la “insolidaridad catalana” la
responsabilidad de todos los males que aquejan la piel de toro.
Como Vds,
los que siguen con habitualidad mis escritos, saben de mi aversión por todo lo
que suena a nacionalismo, y que defiendo a capa y espada una solución federal
para el estado español, por el hecho de considerar la via más justa y
equilibrada, para garantizar la convivencia de unos ciudadanos, que por fuerza,
en un inicio, y por convicción después, hemos convivido juntos, por más de 500
años. Celebro por ello la decisión del PSOE de optar por esta vía y proponer
una reforma constitucional en este sentido, aunque llegados a este punto,
considero que no basta con abordar la cuestión territorial, en la reforma
constitucional, por diversas razones siendo la primera y principal que a mi
entender el federalismo, no es una mera cuestión de territorios, si no de
personas, pues quien debe federarse no son territorios si no ciudadanos; en una
España verdaderamente federal, no se federarían, Cataluña, Euskadi, Andalucía,
Castilla, etc., entre si, si no que serian los catalanes, con los gallegos, los
vascos, los andaluces, los castellanos, los extremeños, quienes constituirían
una federación. Piensen un poco en ello amigos y comprenderán la diferencia.
Puestos a
reformar la Constitución, podríamos adecuarla a la definición actualizada que
tanto derecha como izquierda da al Estado Español, cuando se califica como
Estado Social y de derecho. ¿No creen Vds. que sería conveniente blindar los
derechos sociales a una educación, sanidad, dependencia y pensiones públicas en
el texto constitucional, del mismo modo que se blindó hace muy poco y por la
vía rápida, priorizar por encima de todo el pago de la deuda exterior? De esta
forma evitaríamos que el gobierno de turno, como es el caso actual, pueda
dedicarse a desmontar lo que ha costado treinta años en construir y hacernos
retroceder a situaciones pre constitucionales.
Otro
apartado a modificar, es el tema de la jefatura del estado, que en el texto de
1978 se otorga en exclusiva a la monarquía, y donde a mi entender sería
conveniente abrir la puerta a la posibilidad de optar por un sistema
republicano, de hecho mucho más democrático y efectivo. Esta cuestión resulta
especialmente conveniente en unos momentos donde el relevo en el trono parece
estar muy cerca.
Por último
un grupo de expertos, donde estén representadas las ideologías de derecha y de
izquierda debería proponer una fórmula de democratización real y efectiva de
nuestro sistema judicial, el único estamento que aún perdura casi intacto desde
la dictadura franquista a pesar de los treinta 35 años transcurridos.
Soy
consciente de la imposibilidad de alcanzar estos objetivos, mientras un
gobierno inmovilista como el actual que preside Mariano Rajoy siga ocupando la
Moncloa, pero si atendemos a aquello que no hay mal que cien años dure y la
gran caída en la intención de voto, que la derecha cavernícola española está
teniendo, no debería pasar mucho tiempo en que estas propuestas puedan tomar
visos de realidad, en particular si como es de suponer el PSOE ha aprendido la
dura lección que le comportó su aventura, por los senderos del poder en
connivencia con la derecha planetaria.
