Desde el mismo día en que Adolfo Suarez, en cualidad de presidente del gobierno nombrado a dedo por D. Juan Carlos I, rey de España por la gracia del dictador, decidió convocar a referéndum a todos los españoles, para someter a su consideración el proyecto de reforma política, en contraposición a la posición de ruptura democrática defendida por los partidos de izquierda, aun en la clandestinidad en aquellos tiempos; la derecha de este país empezó a calificar de modélico el proceso que se iniciaba, y que nos condujo de hecho al estado de derecho y libertades que hoy día gozamos.
Hoy treinta años después, muchos nos damos cuenta que la perfección del hecho solo existió en la mente de unos adictos servidores del régimen anterior, amparados en el miedo casi irracional de una generación que había sufrido una cruel guerra civil, una posguerra y una cruel dictadura, no dispuesta a ningún tipo de aventura que le hiciera repetir la historia y más cuando la máxima institución del viejo régimen, el ejercito, seguía comandado por los jerifaltes crecidos a la vera del dictador. Fue esta generación traumatizada la que optó por evolucionar, sin traumas, del régimen autárquico hacia un estado democrático, aunque ello significase correr un tupido velo sobre el inmediato y sanguinario pasado, no exigiendo responsabilidades.
La ley de amnistía de 1977, fue el eje alrededor del cual giró el periodo que hemos venido en llamar de la transición política; una especie de punto final, a partir del cual se colocaron los cimientos del nuevo estado, un punto final, que a cambio de permitir la liberación de miles de presos luchadores por la libertad que llenaban las cárceles españolas condenados por delitos, que a partir de aquel momento dejaban de serlo, se blindaba a muchos otros que según el derecho internacional merecían ser condenados, torturas, ejecuciones extrajudiciales, sentencias injustas, desapariciones, etc. etc.
Se me antoja muchas veces, si la ley de amnistía fue la exigencia del franquismo para no poner dificultades a la evolución hacía la democracia, si fue quizás la concreción sobre el papel, del “atado y bien atado” que Franco proclamaba antes de morir. Se me ocurre también que fruto de este pacto fuera la permanencia de los seguidores del pensamiento franquista en el estamento judicial, como garantía, que ningún político osaría plantear la revocación de esta ley de punto final. Alguno de los políticos que vivieron en aquella época, deberían dar explicaciones, Santiago Carrillo, Fraga Iribarne, Felipe Gonzalez, Alfonso Guerra etc. etc. si mi suposición es cierta, y aclarar hasta cuando va tener vigencia este compromiso o sea, cuando de verdad completaremos éste período tan largo de la transición y nuestro estado de derecho dejará de estar basado en un olvido, o sea una tremenda injusticia.
Muchos cadáveres en cunetas y fosas comunes, siguen avergonzando a nuestra incipiente democracia, muchos nombres de asesinos, siguen homenajeados en nuestras calles y plazas, mientras desde los altos organismos del tercer poder del estado, se procesa al único juez que ha tenido la valentía de intentar poner fin a este estado de cosas.
La transición no fue modélica amigos, de ninguna de las maneras, más bien todo lo contrario, y ahora más de treinta años después, las consecuencias de la decisión tomada se nos presentan especialmente funestas, con un desprecio de la sociedad hacía la política, que sin lugar a dudas acabará abriendo el paso a una extrema derecha, que no ha debido afrontar ninguna responsabilidad por sus actuaciones pasadas, con el aplauso de una sociedad ciega y sorda a la que parece no importarle perder el gran valor de la libertad.
Hoy treinta años después, muchos nos damos cuenta que la perfección del hecho solo existió en la mente de unos adictos servidores del régimen anterior, amparados en el miedo casi irracional de una generación que había sufrido una cruel guerra civil, una posguerra y una cruel dictadura, no dispuesta a ningún tipo de aventura que le hiciera repetir la historia y más cuando la máxima institución del viejo régimen, el ejercito, seguía comandado por los jerifaltes crecidos a la vera del dictador. Fue esta generación traumatizada la que optó por evolucionar, sin traumas, del régimen autárquico hacia un estado democrático, aunque ello significase correr un tupido velo sobre el inmediato y sanguinario pasado, no exigiendo responsabilidades.
La ley de amnistía de 1977, fue el eje alrededor del cual giró el periodo que hemos venido en llamar de la transición política; una especie de punto final, a partir del cual se colocaron los cimientos del nuevo estado, un punto final, que a cambio de permitir la liberación de miles de presos luchadores por la libertad que llenaban las cárceles españolas condenados por delitos, que a partir de aquel momento dejaban de serlo, se blindaba a muchos otros que según el derecho internacional merecían ser condenados, torturas, ejecuciones extrajudiciales, sentencias injustas, desapariciones, etc. etc.
Se me antoja muchas veces, si la ley de amnistía fue la exigencia del franquismo para no poner dificultades a la evolución hacía la democracia, si fue quizás la concreción sobre el papel, del “atado y bien atado” que Franco proclamaba antes de morir. Se me ocurre también que fruto de este pacto fuera la permanencia de los seguidores del pensamiento franquista en el estamento judicial, como garantía, que ningún político osaría plantear la revocación de esta ley de punto final. Alguno de los políticos que vivieron en aquella época, deberían dar explicaciones, Santiago Carrillo, Fraga Iribarne, Felipe Gonzalez, Alfonso Guerra etc. etc. si mi suposición es cierta, y aclarar hasta cuando va tener vigencia este compromiso o sea, cuando de verdad completaremos éste período tan largo de la transición y nuestro estado de derecho dejará de estar basado en un olvido, o sea una tremenda injusticia.
Muchos cadáveres en cunetas y fosas comunes, siguen avergonzando a nuestra incipiente democracia, muchos nombres de asesinos, siguen homenajeados en nuestras calles y plazas, mientras desde los altos organismos del tercer poder del estado, se procesa al único juez que ha tenido la valentía de intentar poner fin a este estado de cosas.
La transición no fue modélica amigos, de ninguna de las maneras, más bien todo lo contrario, y ahora más de treinta años después, las consecuencias de la decisión tomada se nos presentan especialmente funestas, con un desprecio de la sociedad hacía la política, que sin lugar a dudas acabará abriendo el paso a una extrema derecha, que no ha debido afrontar ninguna responsabilidad por sus actuaciones pasadas, con el aplauso de una sociedad ciega y sorda a la que parece no importarle perder el gran valor de la libertad.
