Me sorprende que en pleno siglo XXI, la llamada ley del Talion, siga
interiorizada en las mentes de gran parte de la ciudadanía y de algunos
dirigentes de los países que nos llamamos democráticos. Claro que si tenemos en
cuenta que desde el código de Hamurabi en la antigua Asiria sobre el 1750 antes
de Jesucristo, hasta el tratado Cesare Beccaria de 1764 después de Cristo, que
fue el que vino a supera este tema, son un total de 3.514 años en que los
principios jurídicos se han basado en la venganza. Quizás sea que en nuestra memoria colectiva
ha quedado grabado este concepto como fórmula de justicia, por lo que muchas
veces criticamos sentencias judiciales, generalmente porque nos parecen
benévolas, cuando en muchos casos los juristas han tenido en consideración una
serie de condicionantes que sobre la base de la proporcionalidad han
determinado una duración más o menos limitada de una pena de cárcel.
En España donde en estos días, el poder judicial está en entredicho,
después de sentencias como la del la violación en grupo de la Manada, o del
espantoso ridículo del Tribunal Supremo, en concreto de su Sala Segunda, cuyo
presidente hizo retroceder una sentencia en contra de los bancos, por el tema de
quien debe pagar los impuestos sobre actos jurídicos documentados, en la
constitución de hipotecas, si el cliente o el banco, después que las entidades
financieras ejercieran su posición de lobby; obligando a intervenir
directamente el poder ejecutivo mediante decreto ley para salvaguardar los
intereses de los consumidores. Cuando el tema de una reforma en profundidad de
este tercer pilar del estado, que garantice su neutralidad, me parece muy
conveniente que todos tengamos muy presente que Justicia y Venganza son dos
términos del todo incompatibles y que la vuelta al ojo por ojo, solo nos va a
llevar a ser un país de ciegos.
Una de las bases para que un departamento judicial pueda funcionar
correctamente es la confianza del pueblo en la equidad de sus jueces y esto
amigos es lo que se ha quebrado en nuestra democracia; hoy pocos son los que
están convencidos de la neutralidad de los magistrados, cuando desde las altas
esferas se han dado pruebas de todo lo contrario. Es pues necesario que en la reforma de este estamento, que
deberá tener lugar más pronto que tarde, se tenga como meta principal la
recuperación de este preciado valor que es la confianza, con el fin que los
ciudadanos podamos acudir tranquilamente a los juzgados, en la seguridad que la
actuación de los juristas será del todo imparcial.
Hay quien propone, que sean los jueces quienes elijan de entre ellos, a sus
dirigentes, en lugar que sea el Parlamento, como se hace hoy en día, Sin
embargo a mí se me antoja no sea una buena solución por la esencia
corporativista que este asunto conlleva, y aunque con ello se pretende evitar
la injerencia del poder legislativo en el judicial, pienso que va a ser peor el
remedio que la enfermedad. En las democracias de nuestro entorno, se ha optado
generalmente por una solución mixta, en que una parte de los jueces del
supremo, son elegidos, por los propios jueces, y otra por el Parlamento.
De la página Web del Consejo general del Poder Judicial en España, he
extraído el siguiente párrafo que resume la idea general del porque fue creado:
“El Consejo General del Poder Judicial es un órgano
constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que
ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar
la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a
todos”.
Estoy muy de acuerdo en este principio y de la imprescindible necesidad de
que exista este consejo, pero. ¿No creen Vds. que se podría garantizar mejor la
calidad y neutralidad de la institución si sus miembros fueran elegidos democráticamente
por los ciudadanos? Y ¿que en el Parlamento se nombrara una comisión donde
estuvieran representadas todas las formaciones políticas del arco parlamentario
encargada de dirimir las responsabilidades que cualquier miembro del CGPJ
pudiera incurrir? A mí me parece una solución más plural y equitativa, y no
como es ahora, donde parece que la misión del CGPJ sea la de tapar las
vergüenzas de los jueces en lugar de gobernarlos.