Aunque en artículos anteriores, quizás solo de pasada, he insinuado mi
opinión sobre el estamento judicial en España, por todo lo que está sucediendo
estos últimos tiempos relacionado con el tema; creo llegada la hora que claramente
y de forma urgente, el Gobierno del Estado y el Parlamento, en su calidad de
puntales de la democracia como el es el poder legislativo y el poder ejecutivo,
tomen cartas en el asunto y proceden a una profunda reforma de nuestro sistema
judicial en un sentido más democrático y que le dote de transparencia y de una
más alta efectividad.
No puede suceder en un país que se llame democrático, el Poder Judicial
esté bajo sospecha de connivencia con ciertos partidos políticos de determinada
ideología. No puede ser que algunos miembros de la judicatura insinúen cierta
simpatía por el régimen franquista, No es de recibo que sin explicación ninguna,
se ponga en libertad a determinados condenados por gravísimos delitos, como es
el caso de la “Manada”, o del corrupto Félix Millet, cerebro del saqueo del
Palau de la Música, tres días después de haber sido condenado. Tampoco tiene
lógica democrática ninguna, que se niegue protección a determinadas
denunciantes de maltrato conyugal, hasta el punto que los asesinatos por
violencia doméstica hayan devenido una plaga en nuestro país.
Estos últimos días los ciudadanos hemos visto asombrados, como la Sala
tercera del tribunal supremo, después de emitir una sentencia favorable a los
deudores por hipotecas sobre la titularidad del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca,
que a partir de ahora en lugar de pagarlo el cliente como era habitual, lo debe
pagar el banco. A los dos días, y en función de una bajada importante de la
cotización en bolsa de las entidades bancarias del país, el máximo tribunal
decide suspender su propia sentencia y dar un plazo hasta el 5 de noviembre
donde el pleno de la misma sala tercera va a decidir si tira adelante o revoca
definitivamente su sentencia.
Todos en este país, estamos más que convencidos que los súper-poderosos
dirigentes de la banca, influyeron de una u otra forma en esta extraña decisión
y aunque el presidente del Magno Tribunal, Don Carlos Lesmes, compareciera ante
los medios y en una más que lamentable intervención, negara esta influencia,
nadie en su sano juicio lo duda lo más mínimo.
Creo que esto es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los
ciudadanos españoles de bien, que ya empezamos a estar hartos que nuestro
sistema judicial sea el hazmerreír de Europa y que el tema de las connivencias
con ciertas ideologías políticas, está pasando de una simple sospecha a una
certeza absoluta. A ello también ha contribuido el enfoque dado al tema del
independentismo catalán y el empeño en mantener una acusación por rebelión que
será muy difícil de sostener según opinión de casi todos los juristas de este
país y de fuera, con una visión profesional del tema, y el propio presidente
del Gobierno Pedro Sánchez, dentro del
máximo respeto a la decisión judicial ha opinado que quizás sería mejor
procesarlos bajo otra acusación.
Observen Vds. que los únicos que defienden mantener la acusación de
rebelión hasta sus últimas consecuencias, son el Partido Popular y Ciudadanos,
los primeros a mi entender, para tapar su incompetencia en la resolución de
este conflicto cuando estuvieron en el poder, cuando además de negarse a todo
tipo de dialogo, fueron incapaces de evitar que se produjera un referéndum, no
localizando previamente las urnas, no siendo capaces de bloquear por completo
el sistema informático, y utilizando el aporreamiento de los ciudadanos, dando
una pésima imagen en toda la Europa democrática. El PP en particular ya ha
demostrado en muchísimas ocasiones, desde el gobierno y desde la oposición, que
le importa un bledo hacer el ridículo delante de nuestros socios Europeos, que
sus preocupaciones van solo a conseguir y mantenerse en el poder, (o mejor decir: alcanzarlo de nuevo), a costa de lo
que sea, y que el bien de sus ciudadanos y el prestigio del estado, le importa
menos que nada; y los segundos por el simple hecho que buscan captar más votos
del sector más a la ultraderecha de nuestro país.
Soy consciente que Pedro Sánchez no cuenta con grandes mayorías
parlamentarias, para emprender reformas de gran calado en las estructuras del
estado como la que yo estoy proponiendo, pero el tiempo se nos echa encima y si
bien en esta legislatura que en un principio se pretende agotar hasta el 2020,
va a ser extraordinariamente difícil, si debería convocar un comité de expertos
que empezaran a trabajar con la discreción necesaria en un nuevo proyecto para
que al iniciar la próxima se pueda emprender la reforma en el mínimo plazo
posible, tal y como se hizo en 1982 con Felipe González de Presidente del
Gobierno y Narcis Serra como ministro de defensa, con el estamento militar, cuando
de un plumazo, se jubiló a todos los mandos que hubieran participado en la
Guerra Civil y se substituyeron por otros jóvenes de mentalidad democrática, y
pasamos casi de un día para otro, de tener un ejército golpista, a otro
completamente democrático capaz de ser admitido en organizaciones
internacionales como la OTAN.
Claro que alguno quizás me dirá que para cambiar al ejercito, tuvimos que
soportar un 23 de Febrero, pero amigos piénselo un poco, y díganme si lo que
está pasando hoy día en la judicatura y lo que he expuesto en este artículo nos
es el equivalente a un 23F del estamento judicial.