El gran error de nuestros padres constituyentes, en la época gloriosa de nuestra mal llamada modélica transición a la democracia, fue redactar la Constitución antes de haber roto definitivamente con el pasado dictatorial y con toda seguridad bajo la amenaza latente de un posible proceso involucionista, porque hay que reconocer que había quien además de ganas, tenía el poder suficiente para iniciarlo.
Digo esto porqué una de las consecuencias fue, como podemos comprobar muy bien hoy en día, que de los tres poderes del estado de derecho: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, la democracia llegó solo a dos de ellos, quedándose el tercero, como una especie de reducto donde los nostálgicos de la autocracia, encontraron su edén. Quizás los redactores constitucionales pensaron que era la factura a pagar, para que la transición pudiera hacerse pacíficamente y que pasado un tiempo, cuando por razones de edad, el personal formado en la dictadura fuera dejando paso a una nueva generación ,por si solo este estamento se iría democratizando al menos ideológicamente. Pero nada más lejos de la realidad, nuestros padres constituyentes, no tuvieron en cuenta que el fascismo es una manera de pensar y actuar, y como tal forma ideológica es susceptible de transmitirse de generación en generación, además de cerrar los territorios que ocupa a la mínima oportunidad; o quizás que cuando el proceso democrático se consolidara se establecerían las condiciones para reformarla y adaptarla perfectamente a la nueva realidad.
Hoy, treinta y dos años después de que la carta magna hubiera sido refrendada por la mayoría del pueblo español, nos encontramos que las previsiones que supuestamente hicieron los redactores, no se han cumplido en lo más mínimo, y así a los togados que antaño habían ejercido en el tristemente célebre Tribunal de Orden Público Franquista, han dejado tras su retirada, un batallón que si bien no vivió directamente la época autócrata, son fieles seguidores de sus principios fundamentales. Tampoco se hace hoy posible plantear cualquier reforma constitucional, por el gran predicamento que el conjunto de la derecha española, referenciada en el Partido Popular, tiene en la sociedad española.
Es pues así que lo que se consiguió en el estamento militar, que después del espantoso y trasnochado intento de golpe de estado del 23-F de 1981, con el acceso del socialismo al poder al año siguiente, que en pocos años, una nueva generación no contaminada por la dictadura, y de un claro talante democrático substituyera a los mandos que habían ascendido por méritos en la guerra civil, ha sido del todo imposible alcanzarlo en el tercer poder del estado, el encargado de hacer cumplir unas leyes que a propuesta del ejecutivo el legislativo aprueba, por votación de los representantes electos del pueblo español.
¿Cómo puede explicarse si no, las dilaciones en juzgar casos de corrupción, como el Gürtel por ejemplo, donde la implicación de cargos militantes derechistas es del todo flagrante, y por el contario, la diligencia que se dan en tramitar e incoar procesos a personal de izquierdas que ha sido denunciado por adscritos al Partido Popular?
Pero la prueba más evidente de este gran despropósito que es el poder judicial, no es otra la especial inquina que el tribunal supremo ha emprendido contra un miembro de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón por el “gravísimo delito” de intentar cerrar una trágica e injusta página de nuestra historia reciente, corrigiendo una terrible injusticia de abrir la investigación sobre unos miles de españoles, que hace 80 años alguien decidió hacerlos desaparecer.
También y “casualmente”, la caverna judicial sienta en el banquillo a Garzón por la causa de unas escuchas a conversaciones entre abogados y clientes imputados en la trama Gürtel; un tema que la ley permite en el caso de acusados de terrorismo. ¿No es un atentado terrorista, lo que han hecho todos estos implicados en la causa Gürtel, que con dinero público se han llenado los bolsillos?
Digo esto porqué una de las consecuencias fue, como podemos comprobar muy bien hoy en día, que de los tres poderes del estado de derecho: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, la democracia llegó solo a dos de ellos, quedándose el tercero, como una especie de reducto donde los nostálgicos de la autocracia, encontraron su edén. Quizás los redactores constitucionales pensaron que era la factura a pagar, para que la transición pudiera hacerse pacíficamente y que pasado un tiempo, cuando por razones de edad, el personal formado en la dictadura fuera dejando paso a una nueva generación ,por si solo este estamento se iría democratizando al menos ideológicamente. Pero nada más lejos de la realidad, nuestros padres constituyentes, no tuvieron en cuenta que el fascismo es una manera de pensar y actuar, y como tal forma ideológica es susceptible de transmitirse de generación en generación, además de cerrar los territorios que ocupa a la mínima oportunidad; o quizás que cuando el proceso democrático se consolidara se establecerían las condiciones para reformarla y adaptarla perfectamente a la nueva realidad.
Hoy, treinta y dos años después de que la carta magna hubiera sido refrendada por la mayoría del pueblo español, nos encontramos que las previsiones que supuestamente hicieron los redactores, no se han cumplido en lo más mínimo, y así a los togados que antaño habían ejercido en el tristemente célebre Tribunal de Orden Público Franquista, han dejado tras su retirada, un batallón que si bien no vivió directamente la época autócrata, son fieles seguidores de sus principios fundamentales. Tampoco se hace hoy posible plantear cualquier reforma constitucional, por el gran predicamento que el conjunto de la derecha española, referenciada en el Partido Popular, tiene en la sociedad española.
Es pues así que lo que se consiguió en el estamento militar, que después del espantoso y trasnochado intento de golpe de estado del 23-F de 1981, con el acceso del socialismo al poder al año siguiente, que en pocos años, una nueva generación no contaminada por la dictadura, y de un claro talante democrático substituyera a los mandos que habían ascendido por méritos en la guerra civil, ha sido del todo imposible alcanzarlo en el tercer poder del estado, el encargado de hacer cumplir unas leyes que a propuesta del ejecutivo el legislativo aprueba, por votación de los representantes electos del pueblo español.
¿Cómo puede explicarse si no, las dilaciones en juzgar casos de corrupción, como el Gürtel por ejemplo, donde la implicación de cargos militantes derechistas es del todo flagrante, y por el contario, la diligencia que se dan en tramitar e incoar procesos a personal de izquierdas que ha sido denunciado por adscritos al Partido Popular?
Pero la prueba más evidente de este gran despropósito que es el poder judicial, no es otra la especial inquina que el tribunal supremo ha emprendido contra un miembro de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón por el “gravísimo delito” de intentar cerrar una trágica e injusta página de nuestra historia reciente, corrigiendo una terrible injusticia de abrir la investigación sobre unos miles de españoles, que hace 80 años alguien decidió hacerlos desaparecer.
También y “casualmente”, la caverna judicial sienta en el banquillo a Garzón por la causa de unas escuchas a conversaciones entre abogados y clientes imputados en la trama Gürtel; un tema que la ley permite en el caso de acusados de terrorismo. ¿No es un atentado terrorista, lo que han hecho todos estos implicados en la causa Gürtel, que con dinero público se han llenado los bolsillos?